Jóvenes de Paz: críticas y apoyos al programa de incentivos para no delinquir en Colombia

El programa Jóvenes en Paz es una iniciativa del Ministerio de Igualdad de Colombia, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez. El objetivo principal del programa es alejar a los jóvenes de la violencia y brindarles oportunidades para su desarrollo integral. Algunos aspectos importantes del programa son los siguientes:

• Transferencias mensuales: El programa contempla la entrega de transferencias mensuales de un millón de pesos a personas en riesgo de ser cooptadas por grupos criminales.
• Cantidad de beneficiarios: Se estima que el programa beneficiará a 100,000 jóvenes.
• Financiamiento: Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el programa Jóvenes en Paz tendrá un costo anual de 1,2 billones de pesos.
  
  

El programa ha generado cierto debate y críticas. Algunos argumentan que existe un riesgo moral y que podría tener consecuencias negativas, como las expresadas por el exministro de Educación y exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Una frase del presidente Petro en Buenaventura no ayudó a comunicar la idea correctamente: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”.

Por su parte, El País de España añade contexto: "Según datos del Ministerio de Educación, solo el 24% de los jóvenes del litoral pacífico logran acceder a una institución de educación superior, en contraste con una media nacional del 53%". La justificación del programa es que no basta con abrir cupos de universidades si no se combaten las causas de la desigualdad. “Si dejaron al 80% afuera de la oportunidad de la educación superior, pues entonces esos jóvenes se arman y se ponen al servicio del traqueto, que siempre ordena matar” añadió el mandatario.  El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también lo defendió diciendo que "no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras nuestra propuesta económica surte efecto".

Para acceder al programa, que iniciará el 1° de enero de 2024, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser joven entre 14 y 28 años.

- Vivir en una zona vulnerable del país.

- Estar en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad.

- No tener antecedentes penales.

- Comprometerse a no participar en actividades delictivas mientras recibe el apoyo del programa.

Además de la entrega de transferencias mensuales de un millón de pesos, el programa también tiene componentes de educación, formación y trabajo social por el municipio en el que vive el joven beneficiario, como Universidad en tu Territorio, que estaría pensada para abrir 500.000 cupos en programas universitarios.

Para la selección de los primeros 150 beneficiarios en el Pacífico se harían alianzas con la Iglesia Católica y organizaciones sociales, que ayudarían a seleccionar a quienes recibirían el millón de pesos, equivalente para agosto de 2023 a 250 dólares americanos. 

Y allí es donde Gaviria, quien también fue rector de la Universidad de Los Andes, cree que falta transparencia y claridad: “Todavía hay muchas dudas y preguntas sin respuesta en este programa. En mi experiencia analizando estos programas de prevención, he notado que casi todas estas propuestas de violencia juvenil ocurren geográficamente y casi en las mismas áreas. La clave está en el diseño”.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra Márquez ha entrado en defensa del programa: “Este programa busca sacar a esos jóvenes del currículo de la violencia. La mayoría de esos jóvenes son hijos de mamás cabezas de familia, la mayoría son negros, indígenas, campesinos empobrecidos y que el Estado esté desarrollando un programa para atender esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia, al contrario, tiene que verse como un Estado social de derecho que está asumiendo su responsabilidad para proteger y sacar de la violencia a la juventud colombiana”, explicó Márquez.

En ese orden de ideas, la ministra de Igualdad insistió en que no se trata de un “subsidio”, sino de un pago condicionado a que los jóvenes beneficiarios, que no deben tener orden de captura ni condena, estudien y presten servicio social en sus territorios.

“Lo que queremos es quitárselos a la delincuencia y generar oportunidades para esos jóvenes. "No estamos dando un subsidio, lo que van a recibir es una transferencia condicionada a educación, a que se obliguen a educarse. Esto no se había hecho antes y es lo que estamos haciendo: colocar las inscripciones, ya sea de educación básica, media, técnica o superior”, le dijo a La W. "No es un incentivo a sicarios ni para financiar grupos terroristas” añadió la funcionaria.

Otras críticas apuntan a la cooptación criminal y la politización de los beneficiarios. El senador Ciro Ramírez, del uribista Centro Democrático, dijo en Blu Radio que debía ser la educación y no el dinero lo que incentive a no delinquir: “No podemos dejar un precedente de que es a los bandidos a quienes se les dan los incentivos y no a los colombianos que están cumpliendo la ley” añadió en un tono de moral conservadora. “Estos jóvenes con sueldos de Petro tienen una alta probabilidad de volverse activistas petristas violentos, milicias petristas”, tuitéo el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. El programa también fue aplicado durante la gestión de Petro como alcalde de Bogotá.

El Ministerio de Hacienda ya dio concepto favorable de viabilidad económica, por lo que la vicepresidenta Márquez hizo a finales de agosto de 2023 la solicitud oficial en la Comisión Séptima del Senado para que sea incluido en el Presupuesto General de la Nación.