La situación de los pueblos tradicionales afrodescendientes en Venezuela está siendo invisibilizada por la retórica política y la opacidad institucional del gobierno venezolano. En tal sentido, el informe “Minería y racismo ambiental: Los derechos humanos de los afrodescendientes al sur del país frente al extractivismo minero” tiene como objetivo documentar el impacto de la política extractivista minera en las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao del estado Bolívar desde un enfoque de derechos humanos y establece posibles vías para promover el desarrollo de estas comunidades desde un marco de derechos humanos.
Los resultados de este informe indican que la violencia, la deforestación, la contaminación por mercurio, el aumento de los casos de malaria y las amenazas al patrimonio cultural inmaterial están afectando de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes y de menores recursos que viven en las comunidades estudiadas.
Cambiar esta situación pasa por el abandono de las políticas gubernamentales que están afectadas por un racismo estructural, así como de las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos de estos pueblos.
Resumen Ejecutivo
En Venezuela las personas y comunidades afrovenezolanas han sido históricamente marginadas e invisibilizadas. En la actualidad, si bien el Estado ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de esta población, las acciones no han generado cambios significativos en las condiciones de vida de los afrovenezolanos.
Por otra parte, el gobierno nacional viene desarrollando una política extractivista minera que pone en riesgo los derechos humanos de las comunidades afrovenezolanas existentes en las zonas afectadas por dichas actividades.
Frente a esta situación, el objetivo del presente informe fue documentar el impacto de la política extractivista minera en las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao del estado Bolívar desde un enfoque de derechos humanos.
Los resultados encontrados en la investigación indican que, debido a la expansión incontrolada de las actividades mineras al sur del país, se ha producido un incremento de la violencia y un grave deterioro ambiental en todo este territorio, así como un aumento de las amenazas al patrimonio cultural de los pueblos que allí habitan. El daño ambiental se manifiesta en una muy alta deforestación, contaminación por mercurio e incremento de los casos de malaria.
Esas circunstancias permiten concluir que las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao viven en una zona de sacrificio. Es decir, en un territorio donde se ha producido un deterioro de las condiciones socioambientales de tal magnitud que se generan graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. Esta situación se hace más grave debido a que el Estado invisibiliza estas situaciones y omite sus obligaciones de proteger a la población.
Ello redunda en un doble sufrimiento de los pobladores de las comunidades estudiadas; uno causado por las graves enfermedades, muerte y pobreza relacionadas con el deterioro ambiental y por la desatención, abandono y olvido por parte del Estado.
Uno de los factores que contribuye a esta realidad es la persistencia de formas de racismo sistémico y estructural implícitas en las políticas ambientales y económicas del Estado.
Transformar este estado de cosas pasa por comprender que los derechos ambientales de las poblaciones afrodescendientes en las zonas afectadas por la minería de oro son derechos humanos, por lo que los Estados están en la obligación de respetar, proteger y adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización de estos derechos.
En tal sentido, se proponen recomendaciones al Estado venezolano tales como: descartar el extractivismo minero como medio de financiamiento Estatal; incorporar a la Agenda Programática de las y los Afrodescendientes acciones para la protección de los derechos humanos ambientales de la población afrovenezolana; implementar políticas públicas ambientalmente sostenibles en Guayana que incorporen prácticas económicas tradicionales de los pobladores locales; suscribir el Acuerdo de Minamata; así como firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger el derecho a la información pública, la participación y el acceso a la justicia en materia de ambiente.
Los invitamos a leer el informe en: https://clima21.net/noticias/mineria-y-racismo-ambiental-los-derechos-humanos-de-los-afrodescendientes-al-sur-del-pais-frente-al-extractivismo-minero/ o descargarlo acá: https://clima21.net/wp-content/uploads/2023/03/informe-afrosur-visual.pdf
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