Clima21 - Minería y racismo ambiental: Los derechos humanos de los afrodescendientes venezolanos al sur del país frente al extractivismo minero

La situación de los pueblos tradicionales afrodescendientes en Venezuela está siendo invisibilizada por la retórica política y la opacidad institucional del gobierno venezolano. En tal sentido, el informe “Minería y racismo ambiental: Los derechos humanos de los afrodescendientes al sur del país frente al extractivismo minero” tiene como objetivo documentar el impacto de la política extractivista minera en las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao del estado Bolívar desde un enfoque de derechos humanos y establece posibles vías para promover el desarrollo de estas comunidades desde un marco de derechos humanos. 

Los resultados de este informe indican que la violencia, la deforestación, la contaminación por mercurio, el aumento de los casos de malaria y las amenazas al patrimonio cultural inmaterial están afectando de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes y de menores recursos que viven en las comunidades estudiadas. 

Cambiar esta situación pasa por el abandono de las políticas gubernamentales que están afectadas por un racismo estructural, así como de las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos de estos pueblos. 

Resumen Ejecutivo

En Venezuela las personas y comunidades afrovenezolanas han sido históricamente marginadas e invisibilizadas. En la actualidad, si bien el Estado ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de esta población, las acciones no han generado cambios significativos en las condiciones de vida de los afrovenezolanos.

Por otra parte, el gobierno nacional viene desarrollando una política extractivista minera que pone en riesgo los derechos humanos de las comunidades afrovenezolanas existentes en las zonas afectadas por dichas actividades.

Frente a esta situación, el objetivo del presente informe fue documentar el impacto de la política extractivista minera en las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao del estado Bolívar desde un enfoque de derechos humanos.

Los resultados encontrados en la investigación indican que, debido a la expansión incontrolada de las actividades mineras al sur del país, se ha producido un incremento de la violencia y un grave deterioro ambiental en todo este territorio, así como un aumento de las amenazas al patrimonio cultural de los pueblos que allí habitan. El daño ambiental se manifiesta en una muy alta deforestación, contaminación por mercurio e incremento de los casos de malaria.

Esas circunstancias permiten concluir que las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao viven en una zona de sacrificio. Es decir, en un territorio donde se ha producido un deterioro de las condiciones socioambientales de tal magnitud que se generan graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. Esta situación se hace más grave debido a que el Estado invisibiliza estas situaciones y omite sus obligaciones de proteger a la población.

Ello redunda en un doble sufrimiento de los pobladores de las comunidades estudiadas; uno causado por las graves enfermedades, muerte y pobreza relacionadas con el deterioro ambiental y por la desatención, abandono y olvido por parte del Estado.

Uno de los factores que contribuye a esta realidad es la persistencia de formas de racismo sistémico y estructural implícitas en las políticas ambientales y económicas del Estado.

Transformar este estado de cosas pasa por comprender que los derechos ambientales de las poblaciones afrodescendientes en las zonas afectadas por la minería de oro son derechos humanos, por lo que los Estados están en la obligación de respetar, proteger y adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización de estos derechos.

En tal sentido, se proponen recomendaciones al Estado venezolano tales como: descartar el extractivismo minero como medio de financiamiento Estatal; incorporar a la Agenda Programática de las y los Afrodescendientes acciones para la protección de los derechos humanos ambientales de la población afrovenezolana; implementar políticas públicas ambientalmente sostenibles en Guayana que incorporen prácticas económicas tradicionales de los pobladores locales; suscribir el Acuerdo de Minamata; así como firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger el derecho a la información pública, la participación y el acceso a la justicia en materia de ambiente.

Los invitamos a leer el informe en:  https://clima21.net/noticias/mineria-y-racismo-ambiental-los-derechos-humanos-de-los-afrodescendientes-al-sur-del-pais-frente-al-extractivismo-minero/ o descargarlo acá: https://clima21.net/wp-content/uploads/2023/03/informe-afrosur-visual.pdf

El asesinato de tres sargentos

Cuando fui para el Caura por cinco días, aislado del mundo exterior y reconectado conmigo mismo, pude ver la belleza exhuberante del bosque tropical, lleno de productos ansiados por perfumistas y gastrónomos, pero también el horror del oro. Personajes con profundas cicatrices, rostros de horror y botellas de licor tiradas por doquier en medio de una villa indígena a orillas del Salto Pará, más ancho que Iguazú pero mucho menos conocido y promovido. Porque hay armas largas, teléfonos digitales, antenas de DirecTV y contrabando. El cacao y las artesanías fueron sustitutos por la extracción de oro, la reventa de gasolina y el tráfico de bienes traídos de la ciudad, a once horas en curiara, por lo que no llegaron más turistas extranjeros.

Algo similar presencié en Palmarote, un caserío a unas tres o cuatro horas de camino sinuoso y de tierra desde Tocuyito, en Carabobo. Un lugar que había sido visitado por Proyecto Cuenca, en la que científicos vieron potencial agroturístico, para producir cacao, criar gallinas, reforestar con frutales para cuidar el agua y llevar visitantes a disfrutar de la tranquilidad de las fincas. Hasta que apareció el oro, entonces el Consejo Comunal y la Comuna abrieron "permisos" para abrir zanjas donde quiera. Aprendieron de gente que venía de Tumeremo y vi el bosque arrasado por unas "gramas". Supe de la complicidad de militares y del ministerio de ecosocialismo, así como de la falta de pranes y mafia por ser un lugar que no produce tanto como en Bolívar. Lo que hay es destrucción, niños mineros, prostitución, consumo de drogas y hambre, fiestas ruidosas y abandono del campo.

Ahora, con lo sucedido en Puerto Ayacucho, en Amazonas, se cimenta la desgracia del Arco Minero. Un problema socio-ambiental, de salud, de etnocidio cultural, de esclavismo y persecusión indígena, de reservas hídricas, violencia y deforestación que ahora se transforma en uno de seguridad nacional e integidad naiconal. La emboscada del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a un convoy de cuatro vehículos militares venezolanos, produciendo tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y más de diez heridos después de la captura de uno de los líderes guerrilleros, convierte un ecocidio de entrega del territorio a un secuestro de un sector inmenso del país. El detenido además ostentaba dos cédulas, un licencia de conducir y el carnet de la patria, todo un ciudadano revolucionario. Allí donde está prohibida la minería desde 1989, donde descansan maravillosos tepuyes y cascadas, biodiversidad y ríos majestuosos, frontera y churuatas, mandan los rifles, los abusos permitidios y la guerra de mafias.

Los periodistas especializados, como Javier Mayorca y Sebastiana Barraez, exigen verdad y justicia. Porque no es primera vez, ya el ELN ha asesinado en Zulia y Táchira, pero aquí, en nuestro sur indígena, boscoso y fluvial, allí tenemos los peligros de emular la guerra que sufrió Colombia por medio siglo, que trajo miles de muertes, desaparecidos, reclutados, abusados, mutilados. Y que lo contaminó todo: los negocios, la política, la sociedad, los corazones y los bolsillos. Es demasiado.