Cuando uno trabaja en un periódico, haciendo guardias, cambiando de fuentes y hasta de horarios, a veces te toca la recepción, donde se escuchan las denuncias y se hacen notas que invitan a asambleas de vecinos o elecciones de consejos comunales, visibilizan reclamos ante entes públicos o empresas privadas que no han prosperado o piden ayudas sociales. En El Siglo se llama "La voz del pueblo" pero me tocó ese puesto en El Periodiquito en 2014. No es especialmente emocionante, más bien es aburrido o tedioso, repetitivo y monótono, pero también de allí pueden salir noticias o reportajes, o escuchar larga y pacientemente a cada visitante aunque sabes que para que quepan todos sólo les puedes dar uno o dos párrafos.
Sin embargo, allí conocí tres casos que quisiera resaltar.
1. El papá de un dirigente estudiantil, conocido por aparecer en las redes sociales con fotos al estilo pran o jefe de megabanda, empistolado y con botellas de alcohol, de una universidad estatal creada en el gobierno de Hugo Chávez, denunciaba con largas lágrimas, que a su hijo lo habían detenido hace una semana, estaba detenido sin llevarlo a la audiencia de presentación, le estaban violando los derechos procesales y además ni siquiera lo habían podido visitar, llevarle muda de ropa o comida. Decía que "nunca pensé que esto pasaba de verdad. Siempre pensé que los opositores mentían para hacerse las víctimas, pero ni siquiera estar inscrito en el PSUV lo ha salvado". Transcribí la denuncia. Un par de meses después se conoció, y lo reseñamos en sucesos, el asesinato del joven.
2. Una docente de Misión Ribas fue al periódico a decir que el recién electo consejo comunal de un sector del oeste de Maracay había decidido desalojarlos (y a otros grupos sociales chavistas) de la escuela que usaban de noche porque le darían otros usos. Eso me llevó a asistir a una asamblea donde escuché como se gritaban entre sí quienes luego se identificaron como miembros de misiones y UBCh. La pelea se tambaleaba entre las acusaciones de la ilegalidad del nuevo consejo comunal y la decisión de éste de cambiar candados y cerrojos para dejarlos afuera. La nueva presidenta del consejo comunal se alertó al verme (con carnet de prensa y fotógrafo), escondió la cara, se fue hacia las sombras y dijo: sin prensa, eso fue lo que quedamos. Entonces la docente de Misión Ribas me dijo: ella misma, es la mamá del ministro y aquí están las copias de cédulas de ella, la hermana y dos primos, que tienen Síndrome de Down, que conforman el Consejo Comunal de forma ilegal.
3. Un señor que había sido mi jefe cuando yo apenas era un estudiante de Ingeniería de Sistemas -sí, antes de Comunicación Social- se alegró al verme. Iba con un nutrido grupo de pensionados de la CANTV. Yo había sido cajero en su centro de Centro de Comunicaciones. Denunciaban que tras una nueva cláusula en el contrato colectivo, la póliza ahora pasaba a una aseguradora estatal. Este cambio trajo como consecuencia que habían dejado de recibir atención médica en emergencia y consulta, así como entrega de medicamentos porque las clínicas decían que la empresa les adeudaba muchísimo dinero. Según los jubilados todo era culpa de la nueva directora de la Gerencia de Transición al Socialismo, quien a su vez aseguraba que había pagado. La guerra fue de facturas contra órdenes de pago, pero los viejitos, con mucha tristeza, me dieron que varios compañeros habían muerto por falta de tratamiento, lo que los tenían en alerta.
A ninguno le logré hacer suficiente seguimiento, por diversas razones, como para publicar un reportaje completo con documentos, versión oficial y largo aliento como merecían, pero me dejaron algunas reflexiones sobre el doble rasero: cómo a veces reclamamos una injusticia sólo cuando nos toca y no porque realmente nos indigna, sino que queremos resolver lo nuestro mientras en otras ocasiones, por necesidad que luego se convierte en vocación, hay quien se transforma en activista para resolver la situación, a altos costos personales, para que no le suceda a nadie más.
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