Las Operaciones por la Liberación del Pueblo han abierto la puerta para los excesos y abusos policiales, los decomisos ilegales y la represión de los más pobres. Como sucedió en el barrio San Vicente de Maracay, las cifras de armas, municiones y detenidos en comparación con la cantidad de funcionarios y personas pasadas por revisión es pequeña. 5% dijo el Defensor del Pueblo.
Otra triste coincidencia son las denuncias de personas detenidas por bachaqueo o motos confiscadas aunque muestren los papeles, y amenazas para quienes quieren salir por emergencias médicas o a protestar. Se robaron unos cauchos dijeron en la de Maracay. Se comieron un arroz con pollo y se robaron unas muñecas en la de la Cota 905.
Como pasaba con la Ley de Vagos y Maleantes, ahora la policía tiene el poder discrecional para desalojar de su apartamento de Misión Vivienda por lo que le consiga en su casa. ¿Desde que cantidad de rollos de papel, aceite o azúcar hablamos de bachaqueo, en cuál ley dice que es ilegal que usted tenga un bulto de algo en su casa, se acuerdan de las compras en Makro? Provea dice que 90% de detenciones han sido ilegales en las OLP.
Y eso viene junto a las fotos de bachaqueros uniformados en bragas naranja en La Victoria y Puerto Cabello, por orden de sus alcaldes y sin pasar por tribunales, violando la Constitución que prohíbe los castigos humillantes, obligando a las autoridades municipales a usar el poder judicial para quienes irrespeten la ley. Lo que ha sido rechazado por William Saab y hasta por el diputado (PSUV) Oswaldo Vera. "Daña nuestra imagen como pueblo" dijo el también exgobernador. Diosdado Cabello arremetió al respecto, rechazando a quienes aseguró justificaban al bachaquero.
Lo que da pie a un debate al que quiero aludir. Porque hace un tiempo conversamos sobre Lacava, yo rechazaba su discurso agresivo y "de arrechera" contra quienes ensuciaban, aunque luego vi bien el orden impuesto como servicio comunitario pero ignoraba que no había respaldo legal en eso. Y esto llevó a conversar sobre qué hacer en caso de delitos como asesinato, violación o secuestro de parte de malandros, la impunidad y la falta de políticas de seguridad.
La lucha contra la delincuencia no puede pasar por la violación de leyes ni de DDHH, menos bajo el prejuicio clasista del barrio, ni con las insensibles y torpes acusaciones de seguir votando por el chavismo. Ni mucho menos pensar que todos lo tienen merecido cuando quienes imponen la ley son los mismos policías y jueces que han señalado de reprimir estudiantes, agredir periodistas y detener activistas políticos. Pero peligrosamente veo apoyo a estas matrices de "mano dura". Tanto que hasta Maduro se lanzó una aventura al denunciar el caso de la mujer que fue asesinada en Las Palmas por quienes son acusados por igual de "patriotas cooperantes" y "nexos de la ultraderecha": "si aquí existiera la pena de muerte, esas personas sería merecedoras".
Recuerdo que hubo quienes la apoyaron tras el asesinato de Mónica Spears, que nos llenó de indignación. ¿Y quienes van a decidir esto? ¿Los mismos jueces de Leopoldo y otros presos políticos? ¿Aponte Aponte que condenó a Baduel y luego dijo que por orden de Chávez? ¿Los tribunales que tienen a jóvenes en frías y oscuras celdas sin haber comenzado el juicio hace un año? El peligro de estas sanciones, que son definitivas, están en la propia frase presidencial. Lo que recuerda cuando Chávez decía que alguien debía ir preso y se cumplía...
¡A la hoguera, es una bruja! Si lo es, se salvará del fuego, sino, expiará sus pecados.
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